Los alumnos de Derecho que no acaben en un mes pasarán un ‘MIR’. Una norma cuestionable

Los estudiantes de la Facultad de Derecho tienen este curso un nuevo quebradero de cabeza. La Ley 34/2006 de Acceso a la Abogacía y Procura entra en vigor el próximo día 30 de octubre y los universitarios que no hayan terminado sus estudios tendrán que hacer un máster para profesionalizarse y un examen de Estado (una especie de MIR). Tras muchos debates a nivel nacional y pocos avances, la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) debe asumir la normativa, pero ha tomado cartas en el asunto para ayudar a algunos de sus alumnos.
El vicedecano de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Nuevas Titulaciones de Derecho, Francisco Javier Garrido, explica que están trabajando para adelantar la convocatoria de fin de ciclo que se celebra tradicionalmente en diciembre para que se haga en el mes de octubre. Todo para que los estudiantes que tengan pocas asignaturas para terminar la carrera puedan hacer los exámenes y obtener el título antes de que entre en vigor la Ley de Acceso a la profesión de Abogado y Procurador.

Si bien ese no es el único quebradero de cabeza en el edificio de la plaza de la Universidad. El máster que deben ofrecer -dependiendo de los créditos será de dos años o un año y medio de duración- aún no se ha diseñado porque los reglamentos para el desarrollo no se han realizado. El pasado mes de junio se aprobó en Consejo de Ministros el reglamento para el desarrollo de la Ley 34/2006. En el capítulo II se hablaba de la obtención de la capacitación profesional. En el artículo 3 se fija que se determinaron ya algunas cuestiones como que «los cursos de formación para abogados y procuradores podrán ser organizados e impartidos por universidades, públicas o privadas, y por escuelas de práctica jurídica. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente capítulo».
El vicedecano Garrido explica que en Granada se trabajará para que el máster se oferte de manera conjunta entre la Universidad y el Colegio de Abogados y señala a la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas. También recuerda que para que el plan de estudios se valide debe pasar diferentes trámites administrativos, incluido el visto bueno de la Aneca. «Nos dijeron que en septiembre tendríamos modelos de cómo va a ser el examen estatal para programar el máster, pero aún no hemos recibido nada», se lamenta.
Recuerda que en Granada se licencian cada año entre 300 y 400 alumnos. Si deben ofrecer un máster han de saber qué cupo de plazas ponen, cuántos grupos deben programar y lo más importante: «¿Tenemos profesores para eso? ¿Y las clases que den los abogados cómo se pagan? En la Universidad no hay dinero y el Ministerio de Justicia dice que no pone ni un duro».
Una norma cuestionable
Así las cosas, el profesor Francisco Javier Garrido apunta que el «problema es gravísimo». Los contratiempos son tanto para los estudiantes, que están pendientes de poder terminar sus estudios antes de esta nueva normativa, y también para los dirigentes universitarios. A los alumnos del plan 2000, por ejemplo, se les han cambiado las reglas del juego a mitad de camino.
A los responsables universitarios no les ha gustado la norma desde el principio. Ya en 2006 la Conferencia de Rectores Españoles y el Consejo de Coordinación Universitaria se opusieron frontalmente a que los licenciados en Derecho tuvieran que pasar un examen estatal para ser abogados, como establece la nueva normativa que entrará en vigor en octubre. El Consejo General de la Abogacía, sin embargo, sí está de acuerdo con esta ley.